Parece que los magistrados del Constitucional tienen ganas de estar en la palestra, unas veces para mal, otras para bien. En dos días, el Alto Tribunal ha agitado a toda la opinión pública. La primera de estas, sobre la legalidad del segundo estado alarma, aquel Real Decreto aprobado por el Congreso de los Diputados que alargaba el primero y que reducía de forma significativa los derechos de los ciudadanos a causa de la pandemia. Sin entrar al fondo de la sentencia, que solo los más avezados y juristas pueden entender, viene a decir que el segundo estado de alarma aprobado el 3 noviembre de 2020 y que duró seis meses, fue una medida legislativa poco fundada y no suficientemente razonada por el Ejecutivo para ponerla en marcha.
Pero lo que verdaderamente va a remover todos los despachos de abogados, economistas y asociaciones de consumidores, entre otros, es la decisión histórica de anular el impuesto de la plusvalía, tal y como se conoce hasta ahora. El Constitucional ha avanzado en una nota de prensa que este impuesto, por el que se nutren de forma considerable las arcas de todos los ayuntamientos de este país es, cuanto menos, injusto. La sentencia todavía no se conoce pero ya se ha avanzado que el método por el que se calcula este impuesto es inconstitucional. La normativa por la que se han regido todos los consistorios de España es que siempre se presupone que hay un incremento del precio del suelo, independientemente de crisis, devaluaciones y otras fluctuaciones económicas que merman el verdadero valor de las cosas, en este caso del suelo urbano, que es la base por la que se calcula el impuesto de plusvalía.?
Ahora, y después de varias sentencias en este sentido, el Tribunal Constitucional va a poner algo de orden y cordura a un impuesto absolutamente injusto por la forma de calcular. Poco han tardado los alcaldes de las grandes capitales, y otras ciudades importantes, en poner el grito en el cielo para decir que qué va a pasar con esos ingresos que no van a llegar a las arcas municipales. A estos se les podría sugerir, ya que durante treinta años han devorado el dinero público sin pudor ni control, que empezaran por ‘adelgazar’ sus respectivos consistorios de gastos innecesarios e improductivos eliminando asesores, chóferes y otras inutilidades que engordan la factura de los ayuntamientos y que finalmente tenemos que pagar todos los contribuyentes sin que haya un retorno efectivo y palpable para la ciudadanía.
Totalmente de acuerdo con las dos sentencias del Constitucional. El ayuntamiento ya sabe, que haga como en todas las casas, reducir gastos innecesarios, que hay y bastantes. Es la mayor empresa de Ibi en número de empleados.