Agosto vuelve a ser un mal mes para el empleo, pero este que dejamos atrás ha sido especialmente pernicioso para las comarcas de la Foia, l’Alcoià i el Comtat, ya que se han destruido 531 empleos, 331 más que en agosto del 2018.
Sin embargo, al contrario que el pasado año, los municipios de la Foia han esquivado los malos datos registrados y del total de parados, 132 corresponden a las localidades de Ibi, Castalla, Onil y Tibi. El año pasado, agosto dejó 200 desempleados, de los cuales 101 fueron en Ibi y 66 en Castalla.
Este año, en cambio, la peor parte de la estadística se la lleva Alcoy, donde 291 personas se han quedado sin empleo, frente a los 31 que perdieron el trabajo en agosto de 2018.
En Ibi, 46 personas han pasado a engrosar las listas del paro, dejando la tasa actual en 1.881 desempleados. En Castalla han sido 43 nuevos parados, 40 en Onil y tres en Tibi.
Desde el sindicato UGT consideran fundamental “identificar y abordar las razones que explican este comportamiento del mercado de trabajo durante el mes de agosto y que no se justifican con las actividades turísticas en el conjunto del sistema productivo de nuestro país”.
Servicios e industria
El sector servicios encabeza la destrucción de empleo en agosto con 306 parados más, de los cuales 216 se han producido en el municipio de Alcoy. Le sigue la industria, con 175 desempleados más. En este sector, las poblaciones más afectadas son las de Ibi y Castalla, con 31 y 37 parados más, respectivamente. En Onil, la industria ha destruido 26 empleos y en Alcoy, un total de 63.
UGT considera que las cifras publicadas reflejan el anticipo del fin de la temporada de vacaciones y “dejan al descubierto las deficiencias estructurales de nuestro modelo productivo y la fragilidad del nuestro empleo”.
Denuncia que “la altísima tasa de temporalidad se explica por un abuso de la contratación temporal ya que muchos trabajadores y trabajadoras que desempeñan trabajos estructurales, estables y permanentes en las plantillas tienen contratos temporales”.
Esta precariedad, añade el sindicato, permite a los empresarios la discrecionalidad de despedir para ahorrarse el salario de un mes de vacaciones (o de baja actividad empresarial), lo que supone un fraude, no solo para el trabajador sino también para la Seguridad Social.