El equipo de gobierno ha vuelto a convocar a los propietarios de viviendas en suelo no urbano a una segunda reunión, para informar sobre el borrador de la conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad en relación a la regularización de estas casas de campo.
La primera convocatoria tuvo lugar a mediados de diciembre y desbordó todas las previsiones de asistencia. Centenares de residentes en Castalla, también procedentes de distintos puntos de la provincia, que son propietarios de fincas rústicas, acudieron para conocer el contenido de una charla que se intuía de gran interés y el alcalde, Antonio Bernabeu, se vio obligado a salir a la zona exterior de la Casa de Cultura a disculpar este imprevisto ante la imposibilidad de que cientos de personas no pudieron acceder a la sala donde se estaba realizando la charla informativa.
La nueva reunión se celebra el lunes 16 de enero y el Ayuntamiento volverá a explicar los trámites que hay previstos iniciar para legalizar el gran número de casas de campo que hay en el término municipal.
¿Cuál es exactamente la propuesta del Ayuntamiento para legalizar estas viviendas en suelo no urbanizable?
El Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell que aprueba el Texto Refundido de la Ley 5/2014 del Consell de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP), determina el proceso a seguir para la regularización urbanística de las construcciones existentes en suelo no urbanizable (SNU).
El Ayuntamiento hace uso de esta normativa para regularizar estas construcciones.
¿Qué trámites les correspondería hacer a los propietarios?
Es algo que está por concretar, y que paulatinamente a medida que se vayan llevando los distintos trámites que la normativa enumerada anteriormente marque, se hará público y se comunicará a los interesados.
Parece ser que no todas las edificaciones van a poder legalizarse, ¿qué pasa, entonces, con esas casas? ¿Se va a permitir legalizarlas de algún modo, quedarán en precario o se aplicará estrictamente la ley y tendrán que derruirse?
De momento y siguiendo siempre las indicaciones de la Ley, solo se van a poder legalizar, al amparo de la normativa mencionada, las construcciones existentes antes del 20 de agosto de 2014.
Según dijo, es un decreto del gobierno valenciano que se aplicará por primera vez en Castalla ¿no cree que aplicar esta medida es un poco precipitado y puede generar conflictos? Sobre todo porque se dijo en la reunión que se desconocen todavía algunas formas de aplicación.
De ninguna manera se pretende crear ningún conflicto, más bien se pretende aportar soluciones, a los propietarios y usuarios de estas construcciones, fuera de ordenación urbanística.
Los pasos a seguir están perfectamente determinados, y se ha empezado por seleccionar tres zonas rurales de suelo no urbanizable, del término municipal de Castalla, que por sus características las hacen idóneas para empezar con este proceso.
De inicio es preceptivo que sobre las áreas seleccionadas inicialmente para su regularización, se manifiesten las distintas consellerías implicadas acerca de su viabilidad y cumplimiento normativo, así como a las soluciones de normalización que se propone aplicar por parte del Ayuntamiento de Castalla.
De todas formas, los procesos que se van a llevar a cabo, van a tratarse con total rigor y objetividad, como es preceptivo y normal en todos los temas jurídicos y administrativos de este Ayuntamiento. Esto garantizará el buen fin de todos los procesos.
Dotación de servicios y mejora de caminos
La conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad ha elaborado una Guía Orientativa de Minimización del Impacto Territorial, manual remitido a los ayuntamientos donde se orienta, que no obliga, sobre cómo tiene que encaminarse la gestión de la ordenación en suelo no urbanizable de las casas de campo.
Este manual, en sus primeras páginas expone que “animamos a todos los ayuntamientos y a los propietarios afectados a iniciar los procesos de regularización incoando los procedimientos de minimización, tanto individualizada como colectiva”.
Entre las consideraciones importantes que se detallan en este documento está la dotación de servicios en las zonas rurales como la mejora de acceso y caminos; acondicionamiento de saneamiento y abastecimiento de agua potable, recogida de residuos, suministro eléctrico, mitigación frente a riesgos de inundación, prevención de incendios forestales, entre otros.