Los vecinos de Onil pasarán a pagar de 24 a 60 euros semestrales por la tasa de basura a partir de 2025, tras la aprobación de la nueva ordenanza fiscal en el pleno extraordinario del 12 de noviembre. La medida, adoptada para cumplir con la Ley 7/2022, obliga a los ayuntamientos a trasladar el 100% del coste del servicio de recogida y tratamiento de residuos a los ciudadanos. Hasta ahora, los vecinos cubrían solo un 30% de este coste, mientras que el Ayuntamiento asumía el 70% restante. La previsión municipal estima que el coste total anual del servicio ascenderá a 542.000 euros.
Normativa europea
El alcalde de Onil, Jaume Berenguer, ha señalado que el aumento es una “exigencia legal” enmarcada en las directrices europeas de sostenibilidad, que establecen metas en gestión de residuos para toda la Unión Europea. La normativa, destaca, busca fomentar una economía circular, pero recalca que su implementación impone una carga financiera a los ayuntamientos.
Con el fin de reducir el impacto de la subida, el consistorio ha aprobado mantener congelado el impuesto de bienes inmuebles (IBI) para 2025 y ha anunciado bonificaciones destinadas a colectivos vulnerables. También se han incorporado tasas reducidas para viviendas en zonas diseminadas, que solo cubrirán el coste de tratamiento y eliminación de residuos, dado que el servicio de recogida no se presta como en el núcleo urbano.
La ordenanza también contempla una serie de campañas de concienciación medioambiental y reciclaje, que se pondrán en marcha para educar a la ciudadanía sobre la importancia del reciclaje tanto a nivel ecológico como económico. Según Berenguer, estas campañas buscarán informar a los vecinos sobre cómo gestionar adecuadamente sus residuos y maximizar los beneficios de la nueva normativa.
Crítica de los socialistas
En el ámbito político, el grupo socialista de Onil ha expresado su desacuerdo tanto con la medida como con la forma en que el equipo de gobierno ha gestionado la convocatoria del pleno extraordinario. El PSOE local critica que la sesión se celebrara en el último momento, dificultando el estudio a fondo de la ordenanza y limitando las oportunidades de plantear enmiendas. En un comunicado, los socialistas han denunciado la “falta de transparencia” y de planificación en la gestión del equipo de gobierno, señalando que se disponía de un año y medio para actualizar la tasa y que el proceso debió haberse gestionado de forma abierta y consensuada.
Además, el PSOE subraya que decisiones de este calado económico, que afectan directamente al bolsillo de los vecinos, deberían haberse sometido a un análisis más profundo y con mayor antelación. Consideran que un debate público y detallado hubiera permitido estudiar alternativas, como bonificaciones adicionales para familias con menores ingresos o tarifas progresivas según la capacidad económica.