La Unión Europea ha puesto fecha al cambio de modelo: para 2025, los Estados miembros deben reciclar al menos el 55 % de sus residuos municipales. A partir de ahí, el listón subirá al 60 % en 2030 y al 65 % en 2035. Es un compromiso con la economía circular, pero también una respuesta urgente a la crisis ambiental.
Sin embargo, España figura entre los países con riesgo de incumplimiento, según el último informe de “alerta temprana” de la Comisión Europea, que avisa de que solo nueve países de los Veintisiete van por buen camino.
Entre las causas del retraso español, destaca una elevada dependencia del vertido —en torno al 47 % de los residuos acaban aún en vertederos— y una implantación irregular de infraestructuras clave, como las destinadas al tratamiento de residuos orgánicos.
El país arrastra problemas estructurales que no son nuevos, pero que ahora, con los plazos marcados por Bruselas cada vez más cerca, se hacen más visibles. Uno de los más relevantes es la escasa evolución en la tasa de reciclaje durante los últimos años.
En 2016, España reciclaba el 33 % de sus residuos municipales. En 2020, esa cifra apenas había mejorado: un 36,4 %. Cinco años, tres puntos. Un ritmo insuficiente que ya hizo que se incumpliera el objetivo europeo de 2020, fijado en el 50 %, y que amenaza con volver a repetirse en 2025.
A esa lentitud se suma el lastre de los vertederos. La ley comunitaria establece que, en 2035, solo el 10 % de los residuos podrán acabar enterrados. España está muy lejos de esa meta. Más de la mitad de las comunidades autónomas superan el 40 % de vertido, y algunas, como Galicia, Castilla-La Mancha o Murcia, aún tienen tasas superiores al 50 %.
Aunque se han aprobado nuevas figuras impositivas —como el impuesto estatal sobre vertido y eliminación de residuos que entró en vigor en enero de 2023— su efecto todavía es limitado. La Comisión Europea ha advertido de que la mayoría de países que no están aplicando políticas fiscales disuasorias están también entre los que menos reciclan.
Un modelo comarcal
En la comarca de la Foia de Castalla, la gestión de los residuos urbanos está organizada a través del Consorcio CREA, una entidad pública que agrupa a 14 municipios —entre ellos, Castalla, Onil, Elda, Villena o Petrer— junto con la Generalitat Valenciana y la Diputación Provincial de Alicante.
Este consorcio es responsable del tratamiento, valorización y eliminación de los residuos generados en su territorio, a través de infraestructuras como la planta de tratamiento de Villena. Por su parte, los ayuntamientos mantienen la competencia sobre la recogida y el transporte, lo que hace de la gestión de residuos una tarea compartida entre distintas administraciones.
En 2023, según datos del propio Consorcio CREA, se trataron más de 65.000 toneladas de residuos sólidos urbanos.
Entre los municipios del área, Castalla y Onil se encuentran entre los que más residuos generan.
•En Castalla, el volumen de residuos mezclados (RSU) enviados a planta superó las 4.592 toneladas
•En Onil, alcanzó las 2.035 toneladas
A esto hay que sumar los residuos recogidos de forma separada:
•Castalla: 178 t de envases, 122 t de papel y cartón, 190 t de vidrio
•Onil: 104 t de envases, 120 t de papel, 133 t de vidrio
En cuanto a la fracción orgánica, Onil recogió 37,46 toneladas, mientras que Castalla no presenta cifras disponibles en los datos publicados.
En este contexto, la Comunitat Valenciana presenta un cuadro algo más positivo, pero también con muchas sombras. Según la Memoria de Generación y Gestión de Residuos Municipales de 2021, la región generó 2,67 millones de toneladas de residuos municipales.
• 42 % se gestionó mediante reciclaje o compostaje
•41 % acabó directamente en vertedero
Es un punto de partida mejor que la media estatal, pero aún lejos del 55 % exigido por la Unión Europea.
El problema no es solo cuánto se recicla, sino cómo. Bruselas ya ha advertido que, a partir de 2027, solo se contabilizará como reciclaje el que provenga de recogida separada en origen, lo que deja fuera el material recuperado de la fracción mezclada.
Es una corrección metodológica, pero también una llamada de atención: sin separación en origen, no hay economía circular real.
Recogida de envases
En la Comunitat, la recogida de fracciones como el vidrio, el papel o los envases está ya bastante consolidada, aunque con diferencias importantes según el municipio.
La fracción orgánica, en cambio, avanza más despacio. La Ley estatal de residuos obliga a que todos los municipios de más de 5.000 habitantes tengan implantada su recogida separada, pero el despliegue ha sido desigual.
En muchos casos, los contenedores marrones existen, pero su uso real es todavía testimonial.