El equipo de gobierno escenificó en la sesión plenaria del 12 de noviembre su primer desencuentro político, tras un año y medio de legislatura.
Som Ibi, socio de coalición con el PSOE, acudió al pleno con la decisión de votar en contra de dos propuestas de reconocimiento extrajudicial de crédito para pagar certificaciones de obra y facturas del pasado año.
El importe de ambas certificaciones asciende a algo más de tres millones de euros y el PSOE se vio obligado a dejar sobre la mesa los dos puntos del orden del día para intentar buscar otra solución que cuente con el apoyo de su socio de gobierno.
Desde Som Ibi explican que ya fueron advertidos “de que estos expedientes, tal y como estaban planteados, eran nulos de pleno derecho, principalmente porque se llevaban a Pleno sin crédito aprobado y este hecho comporta infracciones muy graves con responsabilidades patrimoniales”.
Según el portavoz, Elio Verdú, el informe de la interventora no es concluyente y no fiscaliza el expediente, “teniendo en cuenta que se trata un paso obligatorio por Ley”. Ante esta situación, explica que Som Ibi se asesoró externamente con otros interventores y secretarios y “todos nos advirtieron de lo mismo,” y piden estudiar la manera correcta de proceder.
Desde el PSOE, el alcalde explica que no es la primera vez que se usa este procedimiento para ejecutar pagos. En mayo se hizo para el cementerio, pero en en aquella ocasión los funcionarios de habilitación nacional (secretaría, intervención y tesorería) “estaban en la misma sintonía”. Sin embargo, añade, “ahora no y esto genera dudas”.
Según Sergio Carrasco, “ante ello hemos decidido buscar otras alternativas, porque la finalidad es pagar, ya que de lo contrario se estaría provocando un enriquecimiento ilícito del Ayuntamiento y eso si es irregular’.
La portavoz socialista, Nuria Pina, también defiende la legalidad de este procedimiento, aunque ahonda en la idea de que hay que buscar otras maneras de hacer frente a los pagos “sin que produzcan dudas”.
Estos créditos estaban destinados a pagar certificaciones de obra de la plaza de la Iglesia, el balneario, facturas pendientes de Urbaser y Piedra Negra, la pista cubierta y las oficinas de Urbanismo, entre otras facturas.