El pleno de Castalla ha aprobado la adhesión del Ayuntamiento a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, un organismo autónomo de la Generalitat que ejerce las potestades administrativas de protección de la legalidad urbanística en el caso de la comisión de infracciones graves y muy graves en todo el suelo no urbanizable, incluyendo la potestad de inspección, de restauración de la legalidad urbanística y la sancionadora.
La medida fue aprobada por unanimidad y, una vez entre en vigor, la Agencia será la encargada de tramitar los expedientes que no se hayan iniciado o aquellos sobre construcciones que no hayan prescrito, a partir de ahora.
Por lo que se refiere a los expedientes de construcciones ilegales ya iniciados por el Consistorio, seguirán tramitándose en el Ayuntamiento.
La iniciativa y las sanciones recaerán, a partir de ahora, en la Agencia, aunque el objetivo de este organismo oficial, tal y como figura en sus estatutos, es el de protejer el suelo rural, entendido como recurso natural escaso, limitado y no renovable, desde la perspectiva que la medida de protección más efectiva y eficaz es la prevención, mediante la inspección territorial, lo que evitará la irreversibilidad o consolidación de lo que se pueda construir ilegalmente, así como la creación en la ciudadanía de una falsa confianza.
Precisamente, este organismo reconoce que la intervención administrativa cuando la obra ya está finalizada, “se ha evidenciado complicada y costosa, sin que la situación pueda revertirse en la gran mayoría de los casos”.
Procedimiento de minimización
El municipio de Castalla se caracteriza por tener un elevado número de construcciones fuera de ordenación urbana, cerca de 3.000 viviendas, y desde que entró en vigor el procedimiento de minimización para regularizarlas, son muchos los propietarios que se están acogiendo a este proceso, que les permitirá legalizar sus construcciones, tal y como ha señalado el alcalde, Jesús López.