El Ayuntamiento de Castalla ha aprobado una nueva subida en la tasa de residuos para cubrir el coste total del servicio, calculado en 989.207,02 euros para el ejercicio 2024. Este importe podría incrementarse aún más, ya que el coste total del servicio está sujeto a futuras modificaciones en los precios de los contratos y adjudicaciones de la empresa encargada de la recogida de residuos. A esta incertidumbre se suma la variación en el precio de recogida por tonelada, que ha pasado de 85,14 euros a 101,61 euros con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2024, aumentando significativamente el coste global del servicio.
En cumplimiento de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, el Ayuntamiento ya no asumirá el déficit de 465.829,52 euros que cubría hasta la fecha. Ahora, la ciudadanía deberá financiar la totalidad del coste, en base al principio de “quien contamina paga”. Este cambio implica que el porcentaje del coste que deberá asumir el ciudadano será del 89% respecto al año anterior, reflejando el impacto directo de la normativa en los hogares.
El alcalde de Castalla, Jesús López Blanco, explicó que con la nueva actualización, la tasa para las viviendas del núcleo urbano subirá de 60 a 99,49 euros, mientras que en urbanizaciones alcanzará los 128,99 euros. Estas cifras se añaden al incremento del 50% ya aplicado en noviembre de 2023, cuando la tasa pasó de 40 a 60 euros. Como medida compensatoria, el Ayuntamiento ha anunciado una reducción en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para viviendas urbanas, bajando el tipo del 0,76% al 0,70%.
La propuesta fue aprobada en el pleno municipal con los nueve votos a favor del Partido Popular (PP). Mientras tanto, los concejales de Vox, el grupo no adscrito, el PSOE y un concejal de Ciudadanos votaron en contra, y tres miembros de Compromís y otro concejal de Ciudadanos se abstuvieron.
El incremento ha generado un intenso debate entre los grupos municipales. Juan Merlos, concejal no adscrito, insistió en la necesidad de mejorar la gestión de residuos en la localidad y propuso reforzar la vigilancia y emitir bandos municipales. Por su parte, Borja Perona, portavoz de Ciudadanos, calificó la medida de desproporcionada, destacando que con este aumento la tasa de residuos ha subido un 183% respecto a junio de 2023. Perona también criticó que “la devolución vía rebaja del IBI de 250.000 euros es insuficiente para compensar la presión fiscal”.
Desde el PSOE, Jesús Bedmar expresó su preocupación por el impacto acumulativo de las subidas, especialmente para colectivos vulnerables como jubilados, hosteleros y pequeños comercios. Bedmar sugirió buscar alternativas para aliviar la carga económica en estos sectores.
El concejal de Mantenimiento Urbano del PP, Javier Sirvent, defendió la subida como una obligación legal, señalando que el Ayuntamiento ya trabaja en proyectos para optimizar costes, como el uso de cámaras para controlar vertidos y mejoras en la recogida de residuos reciclables.
Desde Compromís, Lusa Monllor apoyó la medida, pero criticó la falta de una planificación progresiva. “Desde 2020 se conocía esta normativa europea. Un incremento gradual habría reducido el impacto en las familias”, afirmó Monllor, quien también enfatizó la importancia de campañas de concienciación.
Finalmente, Ana Alés Masegosa, portavoz de Vox, rechazó categóricamente la medida, calificándola de “injusta y asfixiante para las familias de Castalla”. Alés también señaló que la subida penaliza indiscriminadamente a toda la población, sin ofrecer incentivos para quienes practican compostaje o reciclaje.