por Pere J. Beneyto, profesor de la Universidad de Valencia
Fue uno de los mayores accidentes laborales de la historia de España, sólo superado en número de víctimas por el registrado tres años antes en un pantano de Cáceres. En ambos casos, las autoridades de la dictadura se ocuparon a fondo en ocultar las causas y diluir los efectos de unas tragedias provocadas por las malas condiciones laborales y las miserias (materiales de unos y morales de otros) sobre las que se iniciaba un acelerado y caótico proceso de industrialización.
En nuestro caso, la explosión de la fábrica de la pólvora tuvo un balance dramático: 33 muertos (7 de ellos menores de edad), 24 heridos, 52 huérfanos y dos centenares de familiares directos golpeados por un accidente que pudo y debió evitarse, que merece, aún hoy, una más profunda revisión de sus causas, responsables y efectos, así como una mayor y mejor reivindicación de la memoria de sus víctimas.
Tales son los objetivos de un equipo de investigadores universitarios, coordinados por la Fundación de Estudios e Iniciativas Sociolaborales (FEIS), vinculada a Comisiones Obreras, cuyo primer informe se presentará el próximo día 20 en un acto público, presidido por el alcalde de Ibi, en el Centro Social Polivalente.
La publicación resultante analiza tanto el contexto histórico de la época, como el impacto social de la tragedia, en base a la documentación disponible y a los testimonios recabados, reconstruyendo los profundos cambios demográfico (la emigración interior duplicó ampliamente la población local) y productivo (más de 50 nuevas fábricas que no siempre respetaban una legislación laboral ya de por sí insuficiente) registrados durante la década de los sesenta, en contraste con el marasmo político e institucional propio de la dictadura franquista, cuyos máximos representantes municipales, nacionales, judiciales y policiales pueden ser considerados culpables, por acción u omisión, de aquel dramático accidente laboral.
Aún cuando han transcurrido ya casi 60 años, sigue siendo doloroso, a la par que indignante, revisar la documentación y declaraciones incluidas en el Sumario 12/1968 abierto por el Juzgado de Instrucción (cerrado dos años después sin conclusiones ni condenados) así como las Actas de la corporación municipal del momento y demás organismos oficiales relacionados con el caso, plagadas de contradicciones flagrantes cuando no de maniobras miserables.
Además de numerosas irregularidades formales en materia de registro, fiscalidad, seguridad de las instalaciones y en la propia organización productiva, el caso de Mirafé puso al descubierto las terribles condiciones de trabajo de aquella empresa, tal y como se desprende de las declaraciones de los supervivientes: trabajo a destajo, sin contrato ni Seguridad social, jornada laboral de 12 horas o más, explotación infantil…
Aquel terrible shock generó también una oleada de compasión y solidaridad emocional entre la población trabajadora local, formando parte desde entonces de la memoria colectiva de varias generaciones de ibenses, que la publicación que ahora se presenta pretende actualizar, como homenaje a las víctimas y reivindicación de la verdad histórica.
Y en septiembre aún se planteban hacer fiestas. menos mal que D: Federico (el cura) se plantó «la maren de deu no está de festa»