Según la sentencia, “el Ayuntamiento vulneró los derechos fundamentales a la dignidad y a la salud de los trabajadores, al negarles el apoyo psicológico previsto en los protocolos y amortizar sus puestos con la finalidad de despedirlos”. Tanto el consistorio como el capataz fueron condenados a indemnizar con 15.000 euros a cada uno de los trabajadores, además de imponerse las costas procesales a la administración.